La Ley N° 32387 modifica la distribución del Impuesto General a las Ventas (IGV) y el Impuesto de Promoción Municipal (IPM) en Perú. Esta legislación busca transferir más recursos a los gobiernos locales, lo que implica una reducción gradual de la porción del IGV que recibe el Gobierno Central, mientras que la participación de las municipalidades, a través del IPM, aumentará progresivamente.
Nueva Ley del IGV: Impacto en Gobiernos Locales y Fiscalidad
La Ley N° 32387 introduce un cambio fundamental en cómo se distribuyen los ingresos del IGV y el IPM en Perú, reorientando una mayor parte hacia los gobiernos locales. A partir del año fiscal 2026, la proporción del IGV destinada al Gobierno Central se reducirá gradualmente en 0.5% cada año hasta 2029, disminuyendo su cuota del 14%. En contraparte, la participación del Impuesto de Promoción Municipal (IPM), que forma parte del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN), aumentará del 2% al 4% del IGV para 2029. Es importante destacar que la tasa combinada del IGV (IGV + IPM) se mantendrá en 18%.
Para que las municipalidades accedan a estos mayores fondos, deben cumplir con ciertos requisitos. Específicamente, necesitan tener al menos dos de los siguientes planes estratégicos vigentes: el Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC), el Plan Estratégico Institucional (PEI), o el Plan Operativo Institucional (POI). Estos planes deben estar alineados con el Plan Nacional 2050 y las políticas nacionales, según lo determine el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Además, los fondos adicionales del IGV que reciban las municipalidades deberán destinarse exclusivamente a la inversión pública, quedando prohibido su uso para gasto corriente. Los recursos no utilizados en un año fiscal deberán ser empleados en inversiones el año siguiente, con algunas excepciones para centros poblados. La ley también modifica los criterios de distribución del FONCOMUN, dando prioridad a indicadores como la pobreza, la demografía y la capacidad fiscal per cápita, con el objetivo de lograr una distribución más equitativa.
Las implicaciones de la Ley N° 32387 son diversas. Entre las consecuencias positivas esperadas se encuentran el fortalecimiento de los gobiernos locales al dotarlos de más recursos para proyectos de inversión y mejora de servicios básicos, la promoción de la descentralización fiscal, y un incentivo para que las municipalidades mejoren su planificación estratégica. También se espera una reducción de las brechas de desarrollo al priorizar zonas con mayores necesidades. Sin embargo, existen preocupaciones significativas. Se estima una reducción anual de S/ 2,500 millones en la recaudación del Gobierno Central, lo que podría generar un «forado fiscal» y obligarlo a ajustar gastos o recurrir a mayor endeudamiento. También existe el riesgo de malgasto o ineficiencia si las municipalidades carecen de la capacidad técnica para ejecutar proyectos de inversión. Aunque se ha superado el debate sobre su constitucionalidad, algunos expertos advierten sobre posibles motivaciones políticas detrás de la ley. En resumen, la Ley N° 32387 tiene el potencial de impulsar la inversión local, pero plantea desafíos importantes para la sostenibilidad fiscal del Gobierno Central y exige una fiscalización rigurosa.
